Las empresas de servicios financieros que utilizan la última tecnología, también conocidas como fintech, son las que presentan mayor vulnerabilidad en el blanqueo de capitales, ya que no cuentan con una ley que regule sus operaciones en México, aseguró la firma Salles Sainz Grant Thornton.
Raymundo Pelayo, socio de Servicios de Prevención de Lavado de Dinero de la firma de contadores públicos, indicó que el riesgo principal para las empresas fintech es la identificación y seguimiento de sus clientes, toda vez que “si alguien intenta cometer un ilícito financiero, tratará de cambiar el origen del dinero, el destino y la identidad de quien hace la operación”.
En un comunicado, indicó que debido a que las operaciones son impersonales es complicado tener certeza de quién las efectúa, ya que los medios electrónicos facilitan falsear información, documentos o identidad; mientras más impersonal sea el proceso, será más fácil engañar a un proveedor de servicios.
Estas tendencias no son desconocidas en México, ya que de acuerdo con el especialista, hay muchas empresas y organizaciones sin fines de lucro que funcionan en el país a través del crowdfunding (red de financiamiento colectivo en línea).
Al utilizar este esquema de financiamiento en conjunto, dichas empresas reciben dinero sin realizar un análisis que identifique si el capital puede estar vinculado con el crimen organizado.
Raymundo Pelayo indicó que en la práctica de prevención de lavado de dinero para empresas del sector financiero advierte un reto en la nueva relación de México con Estados Unidos, ya que el país vecino tratará de reforzar el blindaje de su sistema económico.
“Es muy probable que el gobierno estadounidense exija a sus empresas que operan en México mejorar sus controles contra el lavado, con lineamientos más rigurosos para la identificación de clientes, reporteo de operaciones y visitas domiciliarias”, precisó.
En el marco de la revisión a México por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo internacional que emite recomendaciones en prevención de lavado y financiamiento al terrorismo, el especialista confió en que el país logre un resultado favorable.
Lo anterior, expone, porque las autoridades mexicanas ahora exigen la certificación de los oficiales de cumplimiento y de auditores que prestan servicios a las entidades sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
